29 de diciembre de 2021

Nueva ley de startups: ventajas fiscales e incentivos de inversión

El ecosistema de startups español se ha venido asentando, a través de la consolidación de empresas, la celebración de un sinfín de eventos y congresos, la actividad de varias asociaciones y un amplio número de agentes que orbitan en torno a las sociedades, incluyendo incubadoras, programas de aceleración, venture capital firms o business angels.

Una startup es una organización con gran capacidad de cambio que ofrece productos o servicios innovadores, muy solicitados por el mercado y con un diseño y comercialización orientados completamente al cliente. Al principio operan con un capital mínimo, pero obtienen ganancias de forma rápida, manteniendo una comunicación continua y abierta con los clientes y una orientación a la masificación de las ventas.

Sin menoscabo de los importantes avances que se han sucedido en los últimos años, la situación de España muestra que todavía queda un largo camino por recorrer en comparación con otros países de nuestro entorno.

Leyes específicas para las startups

Ha de tenerse en cuenta que el encontrar un modelo de negocio innovador global exitoso en una startup es un proceso arriesgado, que precisa condiciones de atracción de financiación y talento particulares. El entorno normativo en el que se desenvuelven los emprendedores tecnológicos y las startups resulta de esencial importancia para que la gestación y desarrollo de las iniciativas de alto componente innovador obtengan un resultado exitoso.

El Gobierno ha destacado el papel que desempeñan los emprendedores en la «gran recuperación» que necesita nuestro país tras la crisis del COVID-19, para lo que ha defendido que es necesario que las startups cuenten con una estrategia y con un marco legal específico.

Hasta ahora, la actividad de las startups ha estado sometida a leyes de diversa naturaleza que sin tener en cuenta las particularidades de estos nuevos modelos de negocio han impuesto requisitos excesivamente gravosos para estas iniciativas innovadoras. Aun cuando existe regulación vigente en materia de emprendimiento, destacando la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la Ley 25/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial que regula el crowdfunding, debemos ser conscientes de que han sido superadas por la realidad del ecosistema innovador español.

Es notorio que existe una fuerte competencia internacional para favorecer la creación de startups y atraer talento e inversiones, y son varios los países de nuestro entorno que ya han puesto en marcha programas con este objetivo.

Por ello, y para no quedarnos atrás, es fundamental que España acometa cuanto antes las reformas necesarias para implantar las medidas apropiadas de impulso de este sector. España debe ser una «nación emprendedora» a la vanguardia europea del emprendimiento, la generación de empleo y el crecimiento económico y sostenible.

Una de las medidas más importantes para conseguir ese objetivo pasa por hacer los ajustes necesarios en el marco legal. Se trata de crear un escenario jurídico adecuado al emprendimiento de base tecnológica, permitiendo la flexibilidad que requiere el dinamismo de un entorno innovador.

Estrategia España Nación Emprendedora

La futura Ley de startups es una de las vías enmarcadas en la «Estrategia España Nación Emprendedora», que reúne un conjunto de 50 claves para la recuperación económica y social, ya que modernizan el sistema productivo y favorecen la creación de empleo de calidad.

De entre las medidas concretas que se desarrollarán para el apoyo e impulso a la creación y actividad de las startups destacan las referidas a:

  • Incentivos fiscales a las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como en relación con las inversiones y financiación de startups: reducción del tipo del impuesto de Sociedades del 25 % al 15 % hasta un máximo de cuatro años e incremento de la base máxima de deducción por inversión de 60.000 a 100.000 euros anuales.
  • Incentivos en materia laboral, de Seguridad Social y apoyo a la captación y fidelización del talento.
  • Medidas de discriminación positiva para favorecer la diversidad de género en el emprendimiento e incentivarlo entre colectivos vulnerables.
  • Ayudas a las grandes empresas para integrar la actividad de startupsen su cadena de producción de bienes y servicios.
  • Mejora de los mecanismos de segunda oportunidad.
  • Simplificación de cargas administrativas. Por ejemplo, con el fin de favorecer la instalación en España de los llamados «nómadas digitales»,se crea una nueva categoría de visado y de autorización de residencia.
  • Impulso de instrumentos de compra pública que promuevan la participación de startupsen los proyectos de la Administración.